Un 10 de Diciembre de 1948, en Ginebra, un grupo de mandatarios aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en lo central estatuía; el respeto a las libertades individuales; el respeto a las garantias constitucionales; el respeto a la organización de los Poderes del Estado.
Cuando el 10 de Diciembre del 2006, las noticias de todo el País y el mundo, anuncian el deceso del dictador Augusto Pinochet a las 14:15 hrs, a esa misma hora los ciudadanos comenzaban a festejar el tan ansiado fin de una persona que fue capaz de torcer y no respetar los Derechos Humanos, de crearse un combate y convencer a miles de compatriotas que estábamos en una guerra civil, que además violento bombardeando la Moneda y dividio el País.
Por lo anterior, el Gobierno de la Presidenta Bachelet, no se equivoco en señalar que Pinochet no merece funerales de Estado, sino que solo corresponde honores propios como ex comandante en jefe del Ejercito, ya que hay que recordar que el Gobierno que llevo adelante el Dictador, fue de hecho, o mejor dicho de facto.
Los demócratas progresistas, estamos vigilantes del giro que tomara el deceso del Dictador en materia judicial, toda vez que aún quedan procesos pendientes, como el del banco Riggs, donde se comprobo que este ex jefe de las fuerzas armadas se apropio de cientos de miles de pesos y con una sanción económica al banco por haberse prestado a este robo concertado, producto de esto el banco a pagado una indemnización a organizaciones de derechos humanos. Otro de los casos es de los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, los presos políticos y el de Caravana de la muerte, entre otros.
Los demócratas progresistas, estamos vigilantes del giro que tomara el deceso del Dictador en materia judicial, toda vez que aún quedan procesos pendientes, como el del banco Riggs, donde se comprobo que este ex jefe de las fuerzas armadas se apropio de cientos de miles de pesos y con una sanción económica al banco por haberse prestado a este robo concertado, producto de esto el banco a pagado una indemnización a organizaciones de derechos humanos. Otro de los casos es de los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, los presos políticos y el de Caravana de la muerte, entre otros.
Hoy se cierra el capitulo más triste y duro de la historia republicana de Chile, de nuestra patria, de cientos y cientos de ciudadanos.
Hoy muere quien ha dividido por años a los ciudadanos de nuestro país, quien sembró el odio y la división entre nosotros, por esto importante y necesario no olvidar las atrocidades cometidas y comandadas por Pinochet, su muerte no puede olvidar el sufrimiento de nuestro pueblo sometido a una de las dictaduras más fuertes del mundo; muerte, tortura, destierro, privación de libertad y la apropiación ilícita de fondos fiscales, fueron su legado.
Los crímenes cometidos por el dictador deben quedar en la historia como lo que fue; la peor de las dictaduras y atropello a los derechos humanos; la justicia no actuó en el momento adecuado y es de esperar que los juicios continúen y por fin se logre estipular la culpabilidad y autoría de los terribles momentos vividos.Hoy muere quien ha dividido por años a los ciudadanos de nuestro país, quien sembró el odio y la división entre nosotros, por esto importante y necesario no olvidar las atrocidades cometidas y comandadas por Pinochet, su muerte no puede olvidar el sufrimiento de nuestro pueblo sometido a una de las dictaduras más fuertes del mundo; muerte, tortura, destierro, privación de libertad y la apropiación ilícita de fondos fiscales, fueron su legado.
Dos días más tarde, la junta militar disolvía el congreso y declaraba ilegales a todos los partidos políticos que apoyaron el gobierno de Allende. Además, la actividad política estaría oficialmente "en receso" . Pinochet dirá en 1988 en una entrevista a Televisión Española (TVE) "Yo no he escogido ninguna carrera política. Yo escogí la carrera de las armas y llegué a ser Presidente de la República por el destino".
Los primeros años de la dictadura estuvieron marcados por la persecución, asesinato, deportación y exilio de los dirigentes de izquierda. Una parte de las ejecuciones se hacían aparecer como enfrentamientos armados, pero la mayor parte simplemente constaban como "desapariciones". Estas desapariciones correspondían a personas que eran detenidas por agentes del gobierno (policía o militares) y de las cuales, hasta la fecha, se desconoce su paradero. Informes solicitados por los gobiernos que siguieron al golpe son concluyentes: el informe Rettig, encargado en el año 1991 por el gobierno, documentó 2.279 asesinatos.
Durante el régimen militar y para acabar con la disidencia, prácticamente todos los dirigentes políticos de izquierda detenidos fueron víctimas de torturas. El informe Valech, encargado en el año 2004 por el gobierno, indica que el 94% de los detenidos por motivos políticos fue torturado, y documenta más de 28.000 casos de tortura, incluyendo atrocidades del más variado tipo, tortura con electricidad, golpizas, violaciones y vejaciones que dejaron graves secuelas en los prisioneros y las prisioneras. Dice el informe "la experiencia de la prisión política y la tortura representó un quiebre vital que cruzó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas y de sus familias, y que las acompañan hasta el presente".
A nivel internacional, el gobierno de la Junta Militar participó en algo que se conocería como la Operación Cóndor, un esfuerzo internacional contra los disidentes de izquierda en el cono sur, coordinada por Chile y a la que se sumaban los gobiernos de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Dentro de este marco de cooperación, se asesinó, entre otros, al líder demócrata cristiano chileno Bernardo Leighton en Roma, y al ex ministro chileno Orlando Letelier, en Washington. Este último, había sido detenido, torturado, enviado a prisión a Tierra del Fuego y finalmente liberado en 1974. Posteriormente, se radicó en Estados Unidos, país donde había sido embajador durante el gobierno de Allende. Debido a que activamente trabajó en ese país para intentar terminar con la dictadura en Chile, en el año 1976 una bomba en su automóvil puso fin a su vida.
En cuanto a políticas económicas, el gobierno militar aplicó políticas liberales en cuanto al mercado, incluyendo desregular los mercados, abolir el sueldo mínimo, privatizar el sistema de pensiones, y disminuir los impuestos sobre la riqueza. Además, se prohibieron las asociaciones sindicales y se disminuyó el gasto público, lo que en general tuvo un efecto negativo sobre los más pobres y un efecto positivo sobre los más ricos. En promedio, el PIB aumentó un 35% de 1960 al 1980, seguido de un 94% desde el 1980 al 2000, considerando que desde 1990 el gobierno fue de carácter democrático.